En medio de críticas por desproporcionalidad y falta de sustento técnico, la Cámara de Diputados discutió ayer una reforma federal que propone penalizar con hasta ocho años de prisión la posesión, consumo y comercialización de vapeadores. La iniciativa, impulsada por legisladores de Morena, avanzó en comisiones con 27 votos a favor, pese al rechazo completo de la oposición y de organizaciones civiles, que advierten que el castigo sería incluso más severo que por delitos asociados al narcotráfico o a la portación ilegal de armas.
La discusión reactivó la polémica tras la propuesta paralela presentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde una interpretación jurídica impulsada por la ministra Lenia Batres podría generar que las multas por el uso de vapeadores resulten más altas que las indemnizaciones por atropellar y causar incapacidad permanente a una persona.
Organizaciones como la Asociación de Protección de Víctimas de Accidentes calificaron la propuesta como “absurda” y “desconectada de la realidad”, pues prioriza castigar un producto de consumo por encima de actos que afectan directamente la vida e integridad de las personas.
Castigos más altos que por armas o cocaína
La reforma discutida en San Lázaro plantea sanciones que, según especialistas consultados en el Congreso, superan las previstas para delitos graves. El consumo o simple posesión de un vape podría alcanzar ocho años de cárcel, mientras que la portación de un arma de uso exclusivo del Ejército contempla penas menores en algunos supuestos.
“La propuesta es abiertamente punitivista. Pretende criminalizar al consumidor sin atender las causas, sin evidencia científica y creando una desproporción inexplicable en el sistema penal”, señalaron diputados de oposición durante la sesión.
Incluso legisladores de Morena reconocieron en privado que la iniciativa enfrenta problemas técnicos, pero insisten en que se trata de una medida para “proteger la salud pública”, pese a que el dictamen no incluye rutas de tratamiento, prevención ni datos actualizados sobre el uso de vapeadores en el país.
SCJN discute criterio que encarece las multas
De forma paralela, la Suprema Corte revisa una propuesta que podría elevar drásticamente las multas por vapeo, llevándolas hasta 226 mil pesos, una cifra superior al monto que reciben víctimas de accidentes viales por incapacidad permanente, actualmente fijada en alrededor de 123 mil pesos bajo el esquema de UMAS.
“Estamos ante un sinsentido legal. Es inhumano que incapacitar de por vida a una persona salga más barato que cometer una infracción administrativa”, advirtió Christian Martínez, director legal de Aprovic.
Expertos piden evitar criminalización
Abogados, académicos y organizaciones enfocadas en reducción de daños hicieron un llamado a detener la aprobación del dictamen y revisar estándares internacionales. “El problema del vapeo no se soluciona con cárcel. Se soluciona con regulaciones claras, prohibiciones a la venta a menores y campañas de información basadas en evidencia”, señalaron.
Para activistas, criminalizar a consumidores podría derivar en detenciones arbitrarias, sobre todo contra jóvenes, y saturar el sistema penitenciario sin que exista un beneficio real para la salud pública.
En los próximos días el dictamen será turnado al pleno, donde se prevé una votación dividida. Entretanto, especialistas insisten en que México debe construir una política regulatoria, no punitiva.
