México se perfila hacia una crisis hídrica sin precedentes y, en medio de ese escenario, el Gobierno federal avanza en la aprobación de una nueva Ley de Aguas que, según Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, ignora las voces de campesinos, especialistas y comunidades afectadas. La iniciativa está a punto de votarse en la Cámara de Diputados, pese a los señalamientos de que no garantiza el acceso equitativo ni la gestión sostenible del recurso.
De acuerdo con el líder emecista, la propuesta presenta vacíos estructurales que comprometen la operación técnica, presupuestal y ambiental del sistema hídrico nacional. Uno de los principales cuestionamientos es que no incorpora un componente presupuestal que asegure recursos para infraestructura de potabilización, capacitación de personal o el incremento de inspectores; tampoco se define en los artículos transitorios un criterio para garantizar financiamiento continuo.
Otro punto crítico que cuestiona Álvarez Máynez es que la iniciativa deja toda la carga presupuestal en CONAGUA, sin asegurar que cuente con fondos suficientes para sostener y ampliar los proyectos de infraestructura. Además, aunque se mantiene la prohibición de transmitir concesiones entre particulares, el nuevo esquema de reasignaciones queda bajo control exclusivo de CONAGUA, lo que desplaza a los organismos de cuenca, que son quienes poseen el conocimiento territorial sobre necesidades y disponibilidad del agua.
El partido naranja advierte que el proceso de reasignación se vuelve discrecional, al no establecer reglas claras para la transmisión o redistribución de concesiones. A esto se suma que no se incorpora ningún mecanismo específico para sancionar la contaminación del agua: solo persiste la obligación de cumplir con la norma de descarga y pagar el derecho correspondiente, lo que, consideran, es insuficiente ante la gravedad de los daños ambientales acumulados.
La iniciativa tampoco contempla la suspensión de asignaciones o concesiones incluso en contextos de sobreexplotación o cuando la extracción ponga en riesgo el consumo humano, lo que contradice el principio constitucional del derecho al agua.MC insiste en que el país necesita una legislación que reconozca las desigualdades territoriales, garantice recursos reales y fortalezca la participación comunitaria. Sin ello, advierte, “México enfrenta un riesgo mayor: una ley que nace débil ante la inminente crisis hídrica que ya golpea a millones”, mencionó el político naranja en sus redes sociales.
