La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva ruta en la investigación contra el contrabando de combustible al otorgar el beneficio de testigo colaborador a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del certamen Miss Universo, quien reconoció haber financiado operaciones ilegales relacionadas con el tráfico de hidrocarburos desde Centroamérica.
De acuerdo con el expediente judicial, Rocha Cantú aceptó haber participado en dos transacciones de financiamiento para la compra y distribución de combustible ilegal, con una inversión total de 4.2 millones de pesos, de la cual, según su declaración, obtuvo un rendimiento cercano a 1.2 millones de pesos. El empresario aseguró que su intervención se limitó a la aportación de capital y que no tuvo control operativo sobre la red.
La FGR, sin embargo, sostiene que Rocha Cantú formó parte de una estructura criminal dedicada al huachicoleo, la cual operaba principalmente en el centro del país y era encabezada por Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, ex aspirante del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, así como por Daniel Roldán Morales, “El Inge”, ambos considerados objetivos prioritarios en la investigación.
Como parte de su colaboración, Rocha Cantú detalló que el combustible de procedencia ilegal era introducido desde Guatemala, trasladado y almacenado en Querétaro, específicamente en un predio identificado como La Espuela, vinculado a la empresa Ferropolymers. Esta información forma parte de los elementos que la Fiscalía busca utilizar para fortalecer las imputaciones contra otros integrantes de la red.
El empresario también negó estar involucrado en tráfico de armas, aunque reconoció que una persona ligada al grupo delictivo le facilitó trámites para la obtención de licencias de portación de arma destinadas a su equipo de seguridad privada.
La colaboración de Rocha Cantú derivó en la cancelación de la orden de aprehensión que pesaba en su contra, luego de que la FGR solicitara al juez federal Rodrigo Rosales Salazar la aplicación del criterio de oportunidad, al considerar que su testimonio resulta clave para desarticular la organización. La orden de captura estuvo vigente apenas cuatro días.
Este caso se suma a la ofensiva federal contra el huachicoleo, un delito que, según datos de Pemex, se concentra principalmente en Estado de México, Hidalgo y Guanajuato. La Secretaría de Hacienda ha informado que el combate a este ilícito ha derivado en más de 100 denuncias penales, con afectaciones económicas superiores a 16 mil millones de pesos.
La figura de Rocha Cantú no es ajena a la polémica pública. Fue propietario del Casino Royale de Monterrey, escenario de un ataque del crimen organizado en 2011 que dejó 52 personas muertas, antecedente que vuelve a colocar su nombre en el centro de una investigación de alto impacto nacional.
