En medio de la polémica por los contratos que distintos gobiernos estatales han otorgado a la empresa Broxel, registros oficiales y procesos de contratación pública confirman que la compañía también ha mantenido relación contractual con el gobierno federal durante administraciones identificadas con la llamada Cuarta Transformación.
Uno de los antecedentes documentados corresponde al año 2021, cuando Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. firmó un contrato con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para el suministro de vales de despensa, como resultado de una licitación pública nacional. El contrato fue celebrado durante el periodo de gobierno federal encabezado por la 4T y forma parte de los registros disponibles en plataformas oficiales de contratación.
Este antecedente demuestra que la relación entre Broxel y dependencias federales no es reciente ni aislada. A dicho contrato se suma una licitación federal de gran escala en 2025, en la que Servicios Broxel resultó ganador para la dispersión de vales electrónicos de despensa de fin de año destinados a trabajadores del gobierno federal. El contrato contempló un monto mínimo superior a los 7 mil millones de pesos y un monto máximo que rebasó los 10 mil millones, con cobertura para más de 200 dependencias e instituciones federales.
El proceso de esta licitación fue cuestionado públicamente luego de que otra empresa participante presentara una inconformidad, lo que derivó en una revisión por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. A raíz de ello, se informó que se verificarían los criterios de evaluación y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de contratación.
El tema escaló a la agenda nacional y fue mencionado incluso en la conferencia matutina presidencial, donde se solicitó revisar que el proceso se hubiera desarrollado conforme a la normatividad vigente. Este señalamiento colocó nuevamente a Broxel en el centro del debate público sobre la asignación de contratos y la supervisión de los procesos de compra del gobierno federal.
Además de los contratos otorgados, empresas vinculadas a Broxel cuentan con antecedentes de sanciones administrativas. En enero de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Broxel Transfer por incumplimientos relacionados con la entrega de reportes en materia de prevención de lavado de dinero. Posteriormente, en 2022, la CNBV impuso otra sanción a Financiera Broxel por proporcionar información considerada falsa, imprecisa o incompleta.
Estos antecedentes han sido retomados en el contexto de los contratos federales, al generar cuestionamientos sobre los mecanismos de evaluación, seguimiento y continuidad en la asignación de contratos públicos a empresas que han sido sancionadas por autoridades financieras.
Los registros disponibles muestran que, pese a estos señalamientos, empresas asociadas a Broxel han mantenido contratos con dependencias del gobierno federal durante la 4T, lo que ha abierto un debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y los criterios utilizados para la contratación de servicios a gran escala con recursos públicos.
