La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso la realización de un periodo extraordinario de sesiones para destrabar diversos procedimientos de juicio político que permanecen pendientes en San Lázaro, entre ellos los promovidos contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, así como contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla sostuvo que los expedientes permanecen congelados debido a la falta de instalación de la Subcomisión de Examen Previo, órgano legislativo encargado de analizar y dictaminar las solicitudes de juicio político presentadas ante la Cámara de Diputados.
Durante una conferencia de prensa, Ballesteros señaló que la solicitud de juicio político contra Rosario Piedra responde a reclamos de colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas, quienes cuestionan la actuación de la titular de la CNDH frente a la crisis que enfrenta el país.
“No solamente por las más de 130 mil personas desaparecidas en México, sino por las protestas, denuncias y demandas de madres, padres y familias buscadoras que han sido invisibilizadas por el Gobierno federal”, afirmó la legisladora.
La emecista presentó un exhorto dirigido a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Población y Justicia, presididas por diputados de Morena, para que se instale a la brevedad la Subcomisión de Examen Previo y comiencen a revisarse los expedientes pendientes.
“Queremos que se activen los juicios políticos congelados en la Cámara de Diputados, incluido el promovido contra Rosario Piedra por petición de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas”, sostuvo.
Ballesteros recordó que entre los procedimientos pendientes también se encuentra una denuncia promovida por Movimiento Ciudadano contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; el senador Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Asimismo, mencionó el expediente abierto contra la diputada federal morenista Hilda Araceli Brown Figueroa, señalado por presuntos vínculos con grupos delictivos.
La legisladora aseguró que estos procedimientos permanecen detenidos por decisión de la mayoría legislativa de Morena.
Movimiento Ciudadano adelantó que familiares de personas desaparecidas impulsarán formalmente la petición para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoquen a un periodo extraordinario de sesiones antes del inicio del próximo periodo ordinario.
De concretarse, dicho periodo podría celebrarse antes del 1 de septiembre, fecha en que inicia el nuevo ciclo legislativo en el Congreso de la Unión.
A pregunta expresa, Laura Ballesteros rechazó que la ofensiva legislativa de Movimiento Ciudadano tenga relación con el proceso de juicio político que actualmente enfrenta el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, impulsado por diputados del PRI y PAN en el Congreso local.
La diputada aseguró que las acciones promovidas por MC comenzaron desde abril de este año, cuando el partido anunció una serie de recursos legales y juicios políticos relacionados con la actuación de la CNDH y la crisis nacional de desapariciones.
“Estas solicitudes no son una respuesta a ningún proceso político en otra entidad; forman parte de una exigencia que hemos sostenido desde hace meses”, afirmó.
La propuesta deberá ser analizada por la Comisión Permanente, que sesiona durante el receso legislativo y tiene la facultad de convocar a un periodo extraordinario si así lo aprueba la mayoría de sus integrantes.
