Movimiento Ciudadano (MC) llevó al Congreso de la Unión una de las discusiones más urgentes del país: el acceso equitativo y sustentable al agua. Con la presencia de su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, legisladoras y legisladores del partido naranja presentaron una iniciativa que busca garantizar este recurso como un derecho humano y no como un privilegio sujeto a intereses económicos.
La diputada Laura Ballesteros fue directa: “México enfrenta una crisis hídrica estructural que deriva de la injusticia social”.
Y los números le dan la razón. Más de 20 millones de personas en el país carecen de agua potable en sus viviendas. Mientras en las zonas urbanas la cobertura alcanza el 98%, en comunidades rurales apenas llega al 89%, y en las periferias de las grandes ciudades la desigualdad se acentúa.
El planteamiento de Movimiento Ciudadano va más allá de una simple reforma. Propone revisar las concesiones históricas del agua para romper con los monopolios que han concentrado este bien en pocas manos. La diputada Patricia Flores subrayó que el objetivo es garantizar el acceso en función de la necesidad y no del poder político o económico. “Esto puede ir de la mano con las propuestas de la presidenta de la República”, dijo, sugiriendo un posible punto de convergencia con el gobierno federal.
Una de las voces más firmes fue la de la senadora Amalia García, quien llamó a construir un “nuevo pacto por el agua”. En su visión, el líquido debe asumirse como un bien público vital, no como una mercancía. “Un Estado de bienestar que de verdad lo sea, tiene que garantizar que un derecho humano como el agua no esté sujeto a intereses económicos”, afirmó.
La iniciativa establece que cada persona en México tenga asegurado un mínimo de 100 litros diarios de agua, en concordancia con las recomendaciones de la ONU, y que el pago por el servicio no rebase el 3% del ingreso familiar. La intención, explicaron, es que pagar agua deje de ser un lujo y se convierta en un gasto justo.
Entre las propuestas más estructurales está la creación de una Secretaría del Agua, de Saneamiento y Bienes Hídricos, que unifique las funciones hoy dispersas en diversas dependencias. Además, se plantea reformar los artículos 4, 27 y 115 de la Constitución para establecer con claridad las obligaciones de los tres niveles de gobierno en torno a este derecho.
Otro eje es la llamada “justicia intergeneracional”, defendida por el senador Clemente Castañeda, quien insistió en que las decisiones de hoy deben proteger los recursos de mañana. “El agua, como los bosques o el aire, no puede seguir tratándose como si fuera infinita”, advirtió.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez cerró la presentación con una reflexión clave: aunque el consumo humano representa apenas el 12% del uso total del agua en México, la mayor parte se destina a la industria, la agricultura o concesiones privadas. “El acceso desigual al agua refleja la desigualdad económica del país”, señaló.
Con esta iniciativa, Movimiento Ciudadano busca abrir un debate de fondo: repensar la gestión del agua en México con un enfoque de justicia social, sustentabilidad y derechos humanos. Porque, como resumió el propio Máynez, “sin agua, no hay futuro”.
