La crisis política interna en Morena en Campeche escaló en las últimas horas luego de que Layda Sansores, gobernadora de dicha entidad, ordenara la detención del presidente del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, presuntamente por policías ministeriales, en medio de un encontronazo político entre ambos.
Jiménez Gutiérrez, quien también milita en Morena, había criticado públicamente lo que calificó como un estilo de gobierno represor por parte de la mandataria estatal, tras oponerse a la aprobación de un crédito por mil millones de pesos, solicitado por el Ejecutivo para subsanar recortes presupuestales proyectados para 2026.
El conflicto provocó una fractura al interior de la bancada morenista en el Congreso local. De acuerdo con versiones legislativas, 10 de los 16 diputados de Morena rompieron comunicación con la gobernadora, al considerar que existieron presiones indebidas para avalar el endeudamiento.
La tensión aumentó luego de que se informara que al menos 11 diputadas y diputados locales permanecen “atrincherados” por temor a posibles detenciones, en un escenario que ha sido descrito como inédito en la vida parlamentaria del estado.
Más allá del episodio de seguridad, el choque ha sido interpretado como una implosión interna del liderazgo legislativo. Analistas políticos locales señalan que la confrontación se originó tras la ruptura entre Jiménez Gutiérrez y el Ejecutivo estatal, luego de que el legislador se negara a respaldar el proyecto financiero impulsado por la gobernadora.
El desacuerdo no solo evidenció la falta de consensos internos, sino también la pérdida de control político dentro del Congreso. La posterior votación para la Mesa Directiva terminó por aislar al presidente del Legislativo, quien quedó sin el respaldo de una parte significativa de su propia bancada.
El episodio expone una disputa de poder dentro del partido gobernante, en la que el desacuerdo por la deuda pública derivó en una confrontación mayor, con consecuencias políticas y legales aún por definirse.
Por ahora, el caso mantiene en vilo al Congreso de Campeche y abre cuestionamientos sobre el uso de las instituciones de procuración de justicia en conflictos políticos, así como sobre la gobernabilidad interna de Morena en la entidad.
