La entrada en vigor gradual de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, impulsada desde el Congreso por Movimiento Ciudadano (MC), traerá consigo nuevos retos para el sector empresarial. Aunque el debate público se ha concentrado en la disminución de las horas de trabajo, especialistas advierten que el principal desafío será el control y registro de las horas extras.
Durante el webinar “Mitos y realidades de la reforma laboral”, expertos en materia laboral coincidieron en que la obligatoriedad del registro electrónico de la jornada laboral, prevista para el 1 de enero de 2027, transformará la manera en que las empresas deberán acreditar el tiempo efectivo de trabajo de sus empleados.
La legislación establece una reducción gradual de la jornada semanal, restando dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales en 2030. Sin embargo, el foco de la supervisión gubernamental estará puesto en el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el tiempo extraordinario.
Como parte de la reforma, las empresas deberán implementar sistemas electrónicos capaces de registrar el inicio de la jornada, los periodos de descanso y la hora de salida de cada trabajador.
De acuerdo con los especialistas, esta información tendrá validez jurídica plena y podrá utilizarse como evidencia en procedimientos laborales.
La medida busca fortalecer la certeza jurídica tanto para trabajadores como para empleadores, al contar con evidencia objetiva sobre el cumplimiento de las jornadas laborales.
El incumplimiento de esta obligación no será menor. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) podrá imponer sanciones que van de 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por cada trabajador que no esté registrado correctamente en el sistema.
En términos económicos, las multas podrían oscilar entre 29 mil y 586 mil pesos por empleado, lo que representa un riesgo financiero significativo para empresas con plantillas numerosas.
Los especialistas advirtieron que, en empresas medianas y grandes, la acumulación de sanciones podría traducirse en contingencias económicas millonarias e incluso derivar en la clausura temporal o definitiva de los centros de trabajo.
Prohibido reducir salarios por la disminución de horas
Otro de los puntos centrales de la reforma es que la reducción de la jornada laboral no podrá utilizarse como argumento para disminuir salarios, prestaciones o cualquier otra percepción económica de los trabajadores.
El régimen transitorio de la legislación establece expresamente que los patrones deberán mantener intactas las condiciones laborales vigentes, aun cuando el tiempo de trabajo semanal se reduzca gradualmente durante los próximos años.
De esta forma, la implementación de la jornada de 40 horas semanales, una propuesta respaldada por Movimiento Ciudadano, no sólo implica una reorganización operativa para las empresas, sino también una mayor fiscalización del cumplimiento laboral y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los trabajadores.
